CHILE COMO EN LA DICTADURA (DESPUÉS DE COLOMBIA, EL MAYOR ESTADO REPRESOR DE LA REGIÓN)

Francisco Marin
Fuente: www.elciudadano.cl

Proceso, la revista más prestigiada y de mayor circulación en México, publicó el domingo 17 de agosto este revelador artículo que da cuenta de la crítica situación de derechos humanos existente en Chile. De paso, derriba la falsa imagen del Chile de la Concertación, que se había instalado como modelo de desarrollo humano, social y económico…. Queda claro que la realidad es muy distinta….

Después de 18 años del regreso de la democracia a Chile, organizaciones civiles de derechos humanos denuncian la represión que la policía de este país –con anuencia del gobierno y, en algunos casos, del Poder Judicial– practica contra movimientos sociales, indígenas y sindicales. Dichas organizaciones documentan detenciones arbitrarias, vejaciones, torturas y hasta asesinatos…como en la dictadura de Pinochet.

VALPARAÍSO.- En lo que va del año, la policía chilena ha detenido a miles de personas por participar en manifestaciones de protesta. La mayoría de ellos son estudiantes –sobre todo menores de edad– que denuncian golpizas y vejaciones en las comisarías a las que son remitidos.

Así mismo, la policía realiza operativos en contra de las movilizaciones de las comunidades mapuches, que reclaman grandes extensiones de tierra expropiadas por el Estado y entregadas posteriormente a empresas privadas.

El pasado 26 de junio representantes del Comité de Ética Contra la Tortura (CECT) –prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos– entregaron en el Palacio de La Moneda su informe anual. Éste da cuenta de 55 casos de “prisión política” a la que han sido sometidos luchadores mapuches desde que Michelle Bachelet asumió la presidencia de este país (11 de marzo de 2006), y documenta el abuso de medidas cautelares como la “prisión preventiva” y la realización de violentos allanamientos similares a los vividos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El informe incluye dos casos de “violencia innecesaria con resultado de muerte”, ocurridos este año en contra de los indígenas mapuches Johnny Cariqueo Yáñez y Matías Catrileo, ambos de 23 años.

Cariqueo murió el pasado 31 de marzo a causa de una “brutal golpiza propinada por carabineros” dos días antes, según reseña el mencionado informe de la CECT. La policía lo detuvo al finalizar un acto político-cultural en el que se inauguró la Plaza 29 de Marzo (esta fecha se considera Día del Joven Combatiente), en cuyo centro hay un monumento “a los luchadores sociales caídos en dictadura y en democracia”.

Según “declaración post mortem” emitida por familiares y amigos de Cariqueo, a las 21:20 horas de ese 29 de marzo, y “tras leer por última vez el comunicado (de los convocantes) a la población (…) los participantes iniciamos tranquilamente la retirada del lugar”. En ese momento, “un gran contingente de carabineros” se lanzó sobre quienes se retiraban. Los golpeó y detuvo a 30 de ellos.

Un poco más tarde, la policía apresó a Cariqueo y a otros dos jóvenes del colectivo Puño en Alto. Los condujo a la XXVI Comisaría de Pudahuel (periferia poniente de Santiago). Allí, un grupo de carabineros comenzó a golpearlos. A Cariqueo, que sufría problemas cardiacos, le sobrevino un fuerte dolor de pecho y brazos. Desde su celda solicitó ayuda al carabinero de guardia, quien le respondió que se la brindaría sólo si lo veía “tirado en el suelo, tiritando y vomitando”, según reseña el informe de CECT con base en declaraciones de testigos.

Después de que un compañero de reclusión de Cariqueo insistió en solicitar ayuda, éste fue conducido al Servicio de Urgencia del Consultorio de Pudahuel. Allí el médico de turno expresó la imperiosa necesidad de trasladar al paciente a un hospital. No obstante, los policías “lo llevaron de vuelta a su celda y continuaron propinándole brutales golpizas”, según el informe.

Cariqueo fue liberado un poco después, y algunas horas más tarde murió de un infarto debido al maltrato recibido.

Por su parte, Matías Catrileo fue asesinado por carabineros el pasado 3 de enero después de participar –junto con una veintena de comuneros mapuches– en la toma del fundo Santa Margarita, en la comuna de Vilcún, Región de la Araucanía (sur de Chile). Estas acciones de las comunidades mapuches son para recuperar tierras.

A pesar de que los ocupantes no portaban armas de fuego, los carabineros utilizaron metralletas Uzi. Catrileo murió de un tiro en la espalda a manos del cabo segundo Walter Ramírez. Una grabación radial de la Central de Comunicaciones de los carabineros –dada a conocer el pasado 1 de agosto por el Diario Austral de Temuco– reveló que los mapuches sólo portaban piedras. A pesar de ello, Ramírez ordenó a sus compañeros disparar e hizo lo mismo.

El pasado 7 de enero el fiscal militar José Pinto Aparicio procesó a Ramírez por el delito de “violencia innecesaria con resultado de muerte”; 15 días después, la Corte Marcial le concedió libertad bajo fianza, y permitió su permanencia en las filas de los carabineros.

La represión contra las comunidades mapuches se ha vuelto recurrente. El pasado 21 de junio, un grupo de carabineros entró a terrenos de la comunidad José Guiñón, ubicada a 650 kilómetros al sur de Santiago. Lo hicieron con la excusa de buscar un caballo pura sangre robado al agricultor Carlos Fuentes, vecino de la comunidad.

Sin razón aparente, los efectivos policiacos dispararon contra Jorge Marimán, de 18 años, y le fracturaron el brazo izquierdo. A Luis Marileo Cariqueo, de 16 años, lo golpearon con la culata de una escopeta y le quebraron la mandíbula.

En su informe mundial 2008, difundido el pasado 27 de mayo, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la fuerte represión desencadenada por el Estado de Chile contra los movimientos sociales, especialmente contra los mapuches.

Las condenas al gobierno de Chile por maltrato a los mapuches no son nuevas. El 30 de marzo de 2007 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reportó que “miembros de la comunidad mapuche fueron acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras”. El organismo lamentó “que las tierras antiguas (de los mapuches) continúen en peligro debido a la expansión forestal y a megaproyectos de infraestructura y energía”.

Estado represor

La industria salmonera ha sido foco de importantes conflictos laborales que han derivado en represión policiaca. El pasado 26 de enero, 200 agentes de las Fuerzas Especiales (antimotines) atacaron a trabajadores en huelga de la planta procesadora de salmón Caicaén, perteneciente a la empresa chilena Aguas Claras. Siete trabajadores fueron sometidos a torturas por policías en el interior de la planta, según informó la ONG Ecoceanos.

Agentes de la policía también detuvieron al trabajador José Paredes. Lo lanzaron a un pozo y le arrojaron piedras y tablones. Luego lo llevaron a un recinto policiaco. Lo desnudaron y lo amenazaron con atacarlo sexualmente. Además, un policía le puso una pistola en la cabeza y amagó con dispararle.

El pasado 10 de febrero trabajadores salmoneros a quienes se les debía su salario intentaron tomar las instalaciones de la empresa Aqua Chile, en el sector Alto Bonito de Puerto Montt ( mil 200 kilómetros al sur de Santiago). Agentes de las Fuerzas Especiales detuvieron a 43 de ellos. Golpearon a muchos, incluso a mujeres. La dirigente sindical Filomena Báez señaló a Ecoceanos que, al ser detenidas, las mujeres fueron arrastradas, tiradas de los cabellos, pisoteadas y luego desnudadas en un recinto policiaco.

En entrevista con Proceso, Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular –institución creada hace un año para hacer frente a la represión–, aseguró que sólo hasta el 30 de junio de este año se había detenido a más de 13 mil manifestantes en todo el país. La gran mayoría de ellos son adolescentes que protestaban contra el sistema educativo vigente.

La base jurídica de todas estas detenciones es el Decreto Supremo 1086, del Ministerio del Interior, que data de 1984, por el cual se exige “que toda manifestación debe hacerse previa solicitud a la Intendencia Regional respectiva, donde se debe precisar los motivos de la misma, los responsables, los oradores y los contenidos de sus discursos”.

Román considera que estas exigencias son “inconstitucionales” porque contravienen los derechos de libertad de reunión y expresión consagrados en el artículo 19 de la Constitución vigente. Señala que cientos de estudiantes, muchos de ellos niños, han sufrido torturas a bordo de autobuses de la policía. Refiere que en algunos casos los jóvenes fueron desnudados en las comisarías y que en otros se les expuso durante cinco horas a la lluvia y al frío.

Desde el inicio del gobierno de Bachelet organismos internacionales han denunciado los abusos de la policía chilena contra menores de edad. El 4 de junio de 2006, el relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz Villalobos, pidió en una carta a la cancillería chilena explicaciones por el maltrato del que fueron víctimas numerosos estudiantes durante el paro del 30 de mayo de ese año. Precisó que “tres escolares reportaron abusos sexuales por parte de carabineros”. Durante las manifestaciones realizadas en 2008, los estudiantes han denunciado casos similares.

Ante este tipo de atropellos, el pasado 1 de agosto la Defensoría Popular y el Colegio de Profesores de Santiago presentaron una “querella criminal” en contra del ministro y del viceministro del Interior, Edmundo Pérez y Felipe Harboe, respectivamente. Los acusan de “detención ilegal, apremios ilegítimos, lesiones, abuso contra particulares, y de impedir ejercer diversos derechos garantizados en la Constitución”.

Los documentalistas

La represión contra los movimientos sociales, especialmente el mapuche, se extendió a unos documentalistas que registran el conflicto que este pueblo originario –el de mayor presencia poblacional en Chile– tiene con el Estado y grandes grupos económicos.

El pasado 3 de mayo la policía detuvo a los jóvenes italianos Giuseppe Gabriele y Dario Loseffi cuando filmaban una manifestación de la comunidad mapuche Rucatraro, comuna de Puerto Saavedra, ubicada a 700  kilómetros al sur de Santiago. Los manifestantes exigían a la empresa forestal Mininco la devolución de sus tierras. Los italianos fueron maltratados:

“Nos trataron como terroristas, nos aplastaron la cara contra el suelo y nos pusieron las esposas muy apretadas. Nos acusaron de estar robando madera en el predio”, señalaron a la prensa local después de pasar dos días detenidos en Temuco, capital de la Región de la Araucanía.

Al día siguiente, la intendenta de la Araucanía, Gloria Barrientos, decidió su expulsión de Chile. Adujo la violación del artículo 21 de la Ley de Extranjería, que prohíbe a extranjeros participar en actividades de política interna. Esta ley fue dictada por la Junta Militar encabezada por Pinochet en 1984.

La determinación de la intendenta fue ratificada por el Ministerio del Interior el 23 de junio, a pesar de que a los italianos no se les comprobó delito alguno. El mismo día fueron expulsados del país.

Poco antes les había pasado algo similar a dos periodistas franceses: Christopher Cyril Harrison y Paul Rossj. Ellos realizaban un documental sobre la comunidad mapuche de Temucuicui. El 17 de marzo, mientras estaban en ese lugar, acudieron a filmar un incipiente incendio que se producía en la vecina propiedad del agricultor René Urban. Los documentalistas filmaron a policías que miraban crecer el incendio sin hacer nada por detenerlo.

El 20 de marzo, y con gran despliegue de prensa, la familia Urban presentó una denuncia judicial en Collipulli (Región de la Araucanía) en la que acusó a los comuneros de Temucuicui de provocar el incendio. Tres horas después, la policía detuvo a Harrison y Rossj. “Nos trataron como a delincuentes, nos acusaron de provocar el fuego y de pertenecer a la ETA”, declaró Harrison después de ser liberado.

La detención de la documentalista Elena Varela causó mayor conmoción. La policía la arrestó el 7 de mayo en Lican Ray, región de la Araucanía. La acusó de ser “autora intelectual” de un asalto a una sucursal del Banco del Estado en Loncoche, ocurrido en 2004, así como del robo al Instituto de Normalización Previsional (INP) de Machalí, en 2005. Ella rechazó rotundamente los cargos.

En el momento de la detención, agentes de la Policía de Investigaciones presentaron como pruebas en su contra “armas de fantasía y una bandera del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”, los cuales se encontraban en su domicilio y estaban destinados a su trabajo documental, según se expresa en el recurso de amparo presentado el pasado 24 de junio a favor de Varela por una docena de realizadores.

En ese escrito judicial, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, se denuncia también que lo único que sostiene el encarcelamiento de Varela “son los dichos del fiscal Servando Pérez sobre la base de supuestas declaraciones de testigos que hasta la fecha permanecen anónimos”.

Cuando la detuvieron, los agentes le impidieron llamar por teléfono y “fue obligada a permanecer de pie durante más de cuatro horas en contra de una pared, con el fin de conseguir su confesión (…) Durante 24 horas no le permitieron comer ni tomar líquidos, mientras recibía amenazas en contra de su integridad y la de su hija, América”, sostiene el escrito.

El pasado 25 de junio la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de amparo. El 4 de julio la Corte Suprema de Justicia ratificó esta determinación.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados inició una investigación sobre estos hechos. Amnistía Internacional desarrolla actualmente una campaña internacional con el fin de obtener la liberación de Varela. Además, diversas organizaciones sociales formaron la Plataforma por la Libertad de Expresión, que tiene como “principal objetivo la liberación de Elena Varela y de todo el material fílmico retenido”, según expresó a Proceso Mauricio Durán, vocero de esta organización.

Ante la presión de las organizaciones civiles de dentro y fuera de Chile, el pasado miércoles 13 el Tribunal de Garantía de Rancagua concedió a Varela el beneficio del arresto domiciliario mientras dura la investigación judicial en su contra.

Francisco Marín