CRIMINALIZACIÓN SELECTIVA: EL MITO DE LA OBJETIVIDAD DE LA JUSTICIA

Por: Cristhie Mella
Fuente: www.el clarín.cl (24.07.08)

Las políticas de criminalización necesariamente se constituyen en un instrumento de poder. Lo que es definido y sancionado como delictivo no siempre responde a criterios jurídicos o criminológicos, sino que responde la mayor parte del tiempo a objetivos de manejo político estratégicos diseñados desde las cúpulas de poder. Tanto la sociología británica como francesa nos han dado luces sobre las sociedades del control que se erigen en nuestra era, reeditando las más temibles visiones de George Orwell. ´

Ciudadanos esclavos, atomizados, alienados y sujetos a vigilancia y manejo ya no constituyen desvaríos literarios sino una realidad omnipresente. En nuestro país, los instrumentos del control se han perfeccionado y gozan de plena legitimidad debido a la ingenuidad de una ciudadanía embobada con el manejo mediático.

En efecto, resulta impresionante ver las exageradas repercusiones del incidente del “jarro de agua”, no solo por el escarnio público que se ha hecho de la adolescente en cuestión sino porque ahora además enfrenta una acusación del Ministerio Público. Como lo ha declarado el ex juez Guzmán, se le da importancia a algo que no la tiene y se soslaya en cambio las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en los variados escenarios de represión policial que enfrentan los jóvenes en nuestro pseudo democrático país. Pero aun mas impresentable resulta esta ola de criminalización de la protesta social y en especial los burdos intentos de control sobre el segmento juvenil, caricaturizados como “demonios hormonales”. Personalmente recuerdo incidentes mucho más bochornosos protagonizados por nuestros honorables, bajo el influjo de bastante menos loables intereses.

Pero volviendo sobre la criminalización selectiva que se cierne sobre un segmento de la población, resulta sin duda un contrasentido que el órgano de persecución criminal se haga eco del reality mediático para sostener una acusación por la nimiedad de un jarro de agua, existiendo bienes jurídicos mucho más centrales que proteger que la imagen de una ministra. Dentro se sus directrices, este organismo ha declarado ocuparse de aquellos delitos que revistan “mayor gravedad y/o connotación social”, esto es conmoción pública ya sea por la violencia o por el daño inflingido a las víctimas. Eso es lo que aparece enunciado en oficios y cuentas públicas como parte de lo que es la política criminal de este órgano de la justicia chilena. Sin embargo, en la práctica parece que hace rato las prioridades apuntan en otras direcciones. Tal como ha ocurrido con Maria Música, que a temprana edad ya enfrenta cargos criminales, muchos otros estudiantes desfilan por Tribunales de Garantía enfrentando audiencias de las que poco entienden, en una oleada de criminalización selectiva planificada para amedrentar y disuadir a estos chiquillos rebeldes. Muchas horas se dedican a estas audiencias, muchos recursos humanos y materiales que salen del bolsillo de todos los chilenos para sostener este nuevo sistema de control y disciplinamiento, que parece complacerse con atender a las alharacas de gobierno, mientras delitos, quiero decir, verdaderos delitos como por ej. salvajes ultrajes a niños y niñas en nuestro país quedan no pocas veces fuera del brazo inflexible de la ley. El “principio de oportunidad”, bajo el cual los fiscales pueden decidir no investigar una denuncia, opera bajo dudosos criterios en materias tan graves como agresiones realmente serias que las más de las veces quedan en completa impunidad. Esto por mencionar solo un ejemplo de lo que parece ser la lógica de actuación de las distintas Fiscalías que operan como representantes del poder punitivo, el cual se estaría haciendo mas cargo de estrategias políticas de neutralización de la disidencia, que de la protección de la ciudadanía, cual debiera ser su objetivo central.

Sin embargo, las cosas van poco a poco siendo develadas y ya se comienzan a conocer los primeros casos de corrupción de este supuestamente “moderno” sistema judicial que al parecer nuevamente nos vuelve a decepcionar con su tendencia nada noble a velar por los intereses de aquel puñado de tecnócratas que detenta el poder y que se complace con erigirse en los semidioses intocables por la plebe que los elige.

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Por Cristhie Mella, Psicóloga chilena, máster en Criminología y Psicología Forense