ESTUDIAR PARA CESANTE

Por: Arnaldo Pérez Guerra
Fuente: www.liberacion.cl

El actual sistema educacional permite que cualquier institución dicte las carreras que se le venga en gana. No hay mecanismos eficaces de fiscalización. Hace meses que el Mineduc y el Sernac reciben reclamos contra institutos y universidades de estudiantes de las carreras de perito y criminalista que se sienten "estafados". Las autoridades han reconocido no poseer facultades para cerrar las carreras con nulo campo laboral o poner fin a la sobreoferta de otras. La educación está completamente empeñada al mercado. Dieciocho instituciones son cuestionadas, entre ellas los institutos profesionales de Chile, Santo Tomás, Valle Central, Austral, Iplacex, Diego Portales, y las Universidades Ucinf, del Mar, Pedro de Valdivia, La República y la estatal Tecnológica Metropolitana.

Hace unos meses se envió al Congreso un proyecto de ley que regulará la “oferta” de nuevas carreras en instituciones superiores: “Es una buena noticia para las familias y el país. Producto de una situación dolorosa que se ha producido en el último tiempo con más de 15 mil estudiantes que han visto afectado su futuro profesional y laboral, Mineduc ha querido dar respuesta y corregir esta dolorosa y vergonzosa situación”, dijo la hoy cuestionada ministra de Educación, Yasna Provoste, cuando presentó la iniciativa.

Miles de jóvenes estudian carreras que no tienen campo laboral. En otras egresan cientos saturando los escasos cupos disponibles. El propio consejo asesor presidencial de educación superior reconoce una “evidente sobreoferta”. Hasta ahora la acreditación de instituciones y carreras es voluntaria. Ocurre con perito criminalístico, ingeniería en prevención de riesgos, pedagogía en educación básica, técnico en turismo, y otras. Algunas no cumplen siquiera con las horas pedagógicas presenciales necesarias. Nadie controla nada. Mineduc sólo puede cancelarlas “si atentan contra el orden público, la moral y las buenas costumbres”. Tras el escándalo, la división de educación superior del Mineduc y el Sernac solicitaron a institutos y universidades antecedentes de matrículas, publicidad, planes de estudio, infraestructura, egresados y titulados y la oferta ocupacional. Se intenta disimular el escándalo ofreciendo cambios internos, convalidación de ramos y el cierre de la promoción 2008. Sernac acumula más de mil reclamos y dice que institutos y universidades habrían violado la ley del consumidor, incurriendo en publicidad engañosa. Cientos de alumnos iniciaron juicios. Les han ofrecido becas de aranceles, anulación de cuotas no vencidas, pero no les devolverán dinero a menos que ganen un juicio.

El diputado Gabriel Silber (DC), presidente de la comisión de educación, presentó un proyecto para sancionar a quienes impartan carreras sin campo laboral: “El gobierno debe intervenir. Es un gran escándalo que carreras anunciadas paralelamente con la reforma procesal penal no tengan campo laboral en ninguna institución. Aquí hay publicidad engañosa”, dice. Alumnos del Instituto Profesional de Chile denuncian ser objeto de cobranzas judiciales. Senadores de todos los sectores plantean modificar la ley de acreditación para impedir que situaciones como éstas se repitan. Algunos pretenden incluir en la ley del consumidor las demandas educacionales.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA

El escándalo se destapó tras la denuncia de la alumna de perito judicial Ximena Salvatierra, quien ganó un juicio -en mayo de 2007- contra el Instituto Profesional de Chile, una de las instituciones con mayores reclamos. Ximena concurrió a la asociación gremial de peritos judiciales, donde le dijeron que sus estudios no le servirían para trabajar. Renunció y fue al Sernac a estampar su denuncia. Se multó al Instituto Profesional de Chile con 5 UTM y a pagar una indemnización de 280 mil pesos: “Está bueno de que nos vendan carreras que no existen, basta de sinvergüenzas. No sé si volveré a estudiar. La publicidad no es confiable y para estudiar en un lugar de prestigio hay que tener plata. Quería tener un futuro mejor, trabajar en Investigaciones. Tenía compañeros, obreros de la construcción que se sacaban la mugre para pagar los 600 mil pesos, quizás qué pasó con ellos”, dijo a La Nación.

“En la Universidad del Mar, de Arica, no se han ofrecido soluciones. Siguen diciéndonos que tendremos campo laboral cuando no es así. Ahora nos obligarán a pagar un año más para sacar la licenciatura. ¿De qué nos servirá? Recién arman un laboratorio cuando quedan menos de dos meses de estudio. No se nos capacitó como prometieron. Esto un engaño con fines de lucro”, dicen en un comunicado los alumnos de tercer año. Juan Pablo Rojas, de la Agrupación de Estudiantes y Egresados de Criminalística, añade: “Cuando nos matriculamos dijeron que podríamos trabajar como asesores de los fiscales, en Investigaciones, en Carabineros. Buscamos trabajo y nos dimos cuenta que lo que nos vendieron no existe. Fui a postular al ministerio público y me dijeron que el cargo de asesor no existe. En el Lacrim de Investigaciones dijeron que con tres años de estudio no podíamos trabajar como peritos. Se nos dijo en charlas y documentos que nos desempeñaríamos en instituciones públicas: fiscalías, policías y defensorías, entre otras; que efectuaríamos labores como criminalistas -siendo técnicos o profesionales-, no como ‘administrativos’. Nos vendieron un mundo ideal y fantástico muy lejos del real”.

Decenas de estudiantes de UTEM han congelado sus estudios. En Iplacex, la criminalística tiene apenas trece alumnos, los demás se retiraron. Verónica Pascualetti, criminalista mención documentología del IP Valle Central presentó una denuncia al Sernac: “Esto me ha afectado bastante. Pago un préstamo que pedí para costearme el instituto. Siento decepción al ver truncadas mis expectativas. Creo que lo que pasó es por ignorancia y mala calidad de educación”. Francisco Cádiz, dirigente del Instituto Profesional de Chile, señala: “Acabaron con nuestros sueños y el de nuestras familias. ¿Cómo puede haber profesores impartiendo clases sabiendo que estas carreras son una estafa? Ojalá el Mineduc resuelva esto”. “Egresé de perito criminalista mención informática en el IP Valle Central, pero ya no sé si titularme. Perdí tiempo, dinero, es una burla del Mineduc y las instituciones que prometieron que habría un amplio campo laboral gracias a la reforma judicial”, dice Rodrigo Manzo.

Felipe Cid, del IP Santo Tomás, en Los Ángeles, dice: “Me esforcé mucho para pagar 104 mil pesos mensuales que no demoraban en cobrar, pero no dan la cara para dar una explicación de lo que sucede. Pienso que la educación es un negocio. Responsable es el gobierno que no fiscaliza que se dicten este tipo de carreras”. Yarella Menares, del IP de Chile, agrega: “Estoy en tercer año. Trabajo todo el día y estudio de noche. Me he esforzado muchísimo para obtener buenas calificaciones y pagar esta dudosa carrera. ¡Qué rabia saber que todo fue en vano¡, ¿cómo puede llegar a tanto la ambición de lucro?”. Daniela Venegas, del IP de Chile, dice: “Jamás podremos periciar en un sitio del suceso. En el ministerio público, la defensoría penal e Investigaciones no hay ofertas laborales. Es decir que nos estafaron. Criminalistas y peritos no tenemos campo laboral”.

Tras el escándalo y las movilizaciones estudiantiles, el IP Diego Portales propuso “abonar los pagarés de los estudiantes a otras carreras”. Convalidar ramos propuso la Universidad Pedro de Valdivia, e inscribirlos en Derecho. El IP Santo Tomás decidió “no ofrecer matrícula y contratar personal para ayudar a encontrarles un trabajo a quienes terminen su carrera”. La Universidad La República ofrece posibilidades laborales en “laboratorios públicos y privados”. “Las numerosas fuentes laborales que nos prometieron no son tales. Quienes hoy trabajan en fiscalías no lo hacen como ‘asistentes’, sino de administrativos, auxiliares o secretarias”, dice Juan Pablo Rojas. Según la diputada Carolina Tohá (PPD): “Son miles de estudiantes con nulas posibilidades de empleo. Esto es una farsa académica”. Según el director de personal de Investigaciones, Víctor Cornejo, para postular a la institución no necesitan tener estudios criminalísticos: “necesitan un título profesional. Pero si no cumplen con ocho semestres quedan descartados para ser peritos”. Muchos de los institutos y universidades ofrecían apenas seis semestres o menos para titularlos.

“Los servicios públicos no contemplan en sus plantas fijadas por ley contratar peritos. En septiembre, el fiscal nacional del ministerio público envío un oficio a la ministra de Educación y al Sernac. Otro, de octubre de 2007, fue enviado por la secretaría general de Carabineros al Mineduc. Hay otro oficio del director de Investigaciones a la división de educación superior de Mineduc; y el de la jefatura de personal de Investigaciones al juez del 4° juzgado de policía local, además de la carta de la jefa del área de investigación del SML enviada a Mineduc. En todas se dice que nuestras carreras carecen total y absolutamente de campo laboral”, dice María Pía Schlack, dirigenta de la de la Agrupación de Estudiantes y Egresados de Criminalística.

El 2003 cuando se comenzó a dictar las primeras carreras se informó que una “nueva generación de detectives privados” se estaba forjando bajo el rótulo de criminalistas y que la Reforma Procesal Penal, en plena etapa de implementación a lo largo del país, provocaría un cambio en el sistema judicial. En su publicidad, institutos y universidades recurrieron a logos institucionales del SML, Carabineros, Investigaciones, Ministerio Público y Gendarmería, informando a potenciales alumnos de la existencia de “convenios” con dichas instituciones. Pero el Ministerio Público y la Defensoría no contratan peritos ni tienen laboratorios, los solicitan a “los organismos públicos pertinentes”. El Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, dice: “La labor de investigación de los hechos constitutivos de delito que corresponden a los fiscales del Ministerio Público en conformidad a las normas de la Constitución y del Código Procesal Penal, puede ser realizada directamente por éstos o encomendar dicha tarea a Carabineros o a la Policía de Investigaciones las que por mandato legal cumplen el rol de auxiliar del Ministerio Público (…) no siendo necesaria la contratación de peritos privados para tales efectos. Por otra parte, el presupuesto del Ministerio Público no está dotado de un ítem especialmente destinado a la contratación de peritos privados, pudiendo efectuarse la contratación de estos sólo excepcionalmente. De este modo, según el presupuesto y conforme a la dotación considerada para el Ministerio Público resulta inviable considerar la incorporación de personas que tengan la referida especialidad dentro de la planta de personal de este organismo”.

¿FRAUDE CON DINEROS PUBLICOS?

“Solicitamos el cierre de las carreras de perito criminalístico y licenciatura criminalística dictadas por la UTEM y se establezcan responsabilidades legales y reglamentarias, y que el Ministerio implemente las acciones legales y administrativas correspondientes”, dicen los dirigentes de la agrupación de estudiantes y egresados de criminalística, María Pía Schlack, José Jara y Juan Pablo Rojas, en carta dirigida a la ministra de Educación.

La UTEM, a través de la empresa Servicios Educacionales Celta, dicta las carreras de perito criminalístico con mención en documentología, papiloscopía, balística, tránsito y/o accidentología vial, y la licenciatura en ciencias criminalísticas. Hay un convenio suscrito por el rector Miguel Avendaño, con los directores de Celta, Mateo y Alex Zuanic. El creador y director de la carrera, y quien vendió la idea a otros institutos y universidades, es Miroslav Mímica. Avendaño dice que se cerrará la matrícula 2008, pero miles de estudiantes insisten en la devolución del dinero invertido y se les indemnice. Contraloría mantiene sumarios contra la Utem por la creación de Celta y Edutem. Se sabe que hay problemas administrativos graves desde al menos el 2004: “Utem se compromete a impartir, con la colaboración de Celta, las carreras de técnico de nivel superior en criminalística. (…) A Celta le corresponde contratar profesores, pagar honorarios, promocionar las carreras, proveer infraestructura, realizar procesos de postulación, selección y matrícula”, señala el cuestionado contrato. ¿Es posible que una universidad pública externalice su razón de ser? Según el contralor general, Ramiro Mendoza, la UTEM ha sido “contumaz en su comportamiento”. Es insólito pero por el contrato con Celta, UTEM sólo recibe un 30 por ciento de los ingresos que genera las carreras. Julio Castro, jefe de la división de educación superior del Mineduc, dice: “En las universidades hay corporaciones o sociedades anónimas para ámbitos como la cobranza de aranceles, pero no para impartir educación. Por eso, Contraloría investiga la UTEM ”.

Dos dictámenes de Contraloría señalan: “Resulta improcedente que esta casa de estudios superiores pueda ejercer a través de una sociedad las labores que corresponden a su objeto principal, por lo que la mencionada sociedad no puede impartir carreras ni tener injerencias que son propias de la Universidad. Corresponde manifestar que dicho acuerdo de voluntades no se ajusta a derecho”. En junio de 2005, la jefa de educación superior del Mineduc, Pilar Armanet, advirtió: “A nuestro juicio sólo las universidades reconocidas por el Estado tienen derecho a impartir cursos como programas y carreras conducentes a títulos técnicos como profesional o universitarios. En consecuencia, son las únicas que puede percibir arancel por este concepto. Creemos que no procede un contrato entre una universidad (UTEM ) que entrega un título y una sociedad anónima que percibe los aranceles, no nos parece aceptable. No es regular”.

“Solicitamos que el Mineduc se haga parte de las acciones legales que estamos persiguiendo en el poder judicial respecto a la publicidad engañosa con la que fuimos reclutados, la devolución de aranceles pagados e indemnización por daños sufridos”, dice María Pía Schlack. “Iniciamos nuestros estudios en marzo de 2003. Debimos egresar en diciembre de 2005. Por incumplimientos en impartir los módulos egresamos en mayo de 2006. Si optamos por estudiar fue influenciados por la publicidad en relación al campo laboral, de acuerdo a la marcha de la Reforma Procesal Penal. El arancel varió de 866 mil a 957 mil y muchos solicitaron préstamos bancarios y hoy están en Dicom. Al principio no teníamos un lugar fijo ni bibliotecas o laboratorios. El 2004, se inauguró la Escuela en avenida Vicuña Mackenna, pero no teníamos casino. El laboratorio se habilitó a fines de 2005. El encargado de prácticas y profesor, Antonio Cubillos, reclutó a egresados para hacer ‘prácticas en el Ministerio Público’ pero en trabajos administrativos para los que no estudiamos. Pagamos mensualidades de 120 mil pesos y no accedemos a crédito fiscal porque UTEM no está acreditada. Lo mínimo que nos deben es una explicación. El juez del 4º Juzgado de Policía Local se declaró incompetente para conocer las demandas. En julio de 2006, Carlos Silva, decano Economía, y Claudio Vila, director de Estadísticas, denunciaron ante la comisión de educación hechos graves, ilegales y que podrían catalogarse de corrupción”, concluye Juan Pablo Rojas.