EL DESVANECIMIENTO DE MICHELLE BACHELET

Por Paul Walder
Fuente: www.elclarin.cl (08.06.08)

El mensaje anual del 21 de mayo, el tercero y penúltimo de Michelle Bachelet, descubre el actual espíritu de su gobierno, de su entorno político, de la Concertación. Revela la inquietud, el apuro por la falta de tiempo, la inminencia electoral y revela también el agotamiento de las ideas y de programas. El mensaje ha sido la reiteración de lo sabido, la consolidación y cristalización de viejos anuncios. Dos horas y catorce minutos para relatar detalles y testimonios de las actividades gubernamentales, para reiterar propuestas, pero ningún minuto para analizar el rumbo, si es que lo hubiere, el sentido de un gobierno. Una larga enumeración de cifras, lugares, áreas, que sospecha pero no acoge y menos responde a las grandes demandas sociales. Una política de parches y remiendos, que sirve para generar algunos efectos: el gobierno parece tener un rumbo, parece tener un programa, parece ocuparse de los problemas de sus ciudadanos. Pero se trata de una política de las apariencias.

Si en algún eje conceptual Michelle Bachelet ha ordenado su último año y proyecta el venidero ha sido en una repetición, que en los hechos ha sido una invocación, de la política de los acuerdos de la década pasada –idea con la que inició su discurso- y en la protección social. Aun así, en ninguno de los dos casos se trata de ideas de fondo, que en algo puedan alterar el estancamiento y aletargamiento político, social y económico. La alusión a la política de los acuerdos sin duda que ha sido un llamado, una súplica, a la derecha a apoyar ciertos proyectos del Ejecutivo, en tanto la mención a la construcción de la red de protección social hace directa referencia con la larga enumeración de pequeños subsidios, apoyos, bonos y regalos, como les ha llamado la oposición, que han llenado largas páginas de su discurso. Una red de protección social discontinua, temporal, llena de agujeros y parches, incluso discriminadora, como el anuncio de 30 mil computadores a preadolescentes pobres con buenas calificaciones, o el bono de 20 mil pesos para que los jubilados enfrenten este invierno las alzas de las tarifas de los servicios públicos y de los alimentos. Regalos perecederos, sesgados, insuficientes.

La oposición de derecha mide al gobierno en porcentajes y números. Saca cuentas, suma las ofertas y las promesas. Tras el curso de un año, estima cuántas de aquellas se han cumplido. El año pasado, dijo Carlos Larraín, el presidente de Renovación Nacional, el gobierno cumplió un 30 por ciento de sus promesas, y tal vez en un año más diga otra vez lo mismo. Pero no es ésta la única medida que se puede tener de un gobierno. Aceptar cuantificar es legitimar su patrón métrico, el que, bien se ya se sabe, es, en líneas generales y estructurales, el mismo en la Concertación que el la derecha. Por eso la lista de ofertas, las sumas, los millones. La impresión, la apariencia de seguridad social, que es mero asistencialismo bajo la imagen de un abrazo maternal.

Porque el asistencialismo, que es la red de protección social de Bachelet, o fueron las políticas del gobierno anterior resumidas en el concepto de la mejoría de la calidad de vida de la “señora Juanita”, siempre serán insuficientes. Bajo un modelo de mercado desregulado, que otorga poderes omnímodos a las empresas, es imposible equiparar, redistribuir, resolver las enormes carencias. El ejemplo de mayo es palmario. Bachelet y su gobierno se esforzaron en proteger a los damnificados del volcán Chaitén, con un supuesto éxito y a la luz de las cámaras. Tras la catástrofe, que pese a su intensidad fue acotada, limitada a una localidad, vino el temporal con varios miles de pobres damnificados. La ayuda, esta vez, no apareció o fue insuficiente. Y así siempre lo será. Porque el asistencialismo, bajo este modelo, será siempre limitado, porque la protección social no está en sus prioridades, las que sí están en el crecimiento económico que favorece a las empresas, en su rentabilidad o en la austeridad fiscal, que también beneficia al sector privado. La protección social es, en los hechos, el rebalse, las sobras, de la riqueza privada que le cae al Estado.

Bachelet no le habló al país, ya no lo hace. Le habla a sus pares, a la clase política al interior del Congreso, a la oposición, al invocar y rogar por la política de los consensos. Un discurso, un acto de la elite, transmitido por televisión pero aislado de los ciudadanos por tres anillos de seguridad y más de mil quinientos policías. Tras el acto, pocos minutos más tarde, la habitual represión. Pese a la lluvia, más de cien manifestantes detenidos y un corresponsal gráfico herido por el golpe certero de un policía.

Ruegos por la política de los consensos

En las más de dos horas de discurso, Bachelet resumió el año y recordó. Recordó las pensiones para las personas que, sin discriminar su actividad laboral ni condición de género, y sólo por no haber logrado reunir los fondos suficientes para una jubilación, podrán contar con recursos –mínimos tal vez, pero sí necesarios- para los duros años de la vejez. Un programa de profundo significado ético pero también social y político que el gobierno logró sacar adelante en el Congreso con los votos de la derecha, actitud y voluntad que no se ha extendido hacia otros proyectos. Por ello el ruego de Bachelet al regreso a los consensos.

Recordó también el aumento de la cobertura de educación preescolar, en especial para los hijos de las familias más pobres y la ampliación de las becas para programas de postgrados en el extranjero. Recordó y nos recordó eso y otros hechos, y también anunció, prometió muchos más: como el bono a los jubilados para amortiguar la inflación, la entrega de computadores a preadolescentes pobres y estudiosos, como el recorte de impuestos a las pymes para la adquisición de maquinaria. En lo propiamente político aludió a la insistencia que tiene su gobierno por conseguir que el Congreso apruebe este año el derecho a voto de los chilenos que residen en el exterior. Ovación sacó la presidenta cuando también persistió en otro ámbito: la entrega gratuita de la píldora del día después, obstaculizada por el Tribunal Constitucional y grupos ultraconservadores, se podrá realizar a través de los municipios. Probablemente en un año de elecciones municipales ni tan siquiera los más conservadores se atreverán a impedir la ejecución de esta política sanitaria masivamente apoyada por la población.

Una política inofensiva y efectista

Es en este ámbito en el que hoy el gobierno de Bachelet ha encontrado el sentido y su razón de ser política. La estrechez del espectro parlamentario, que va desde la extrema derecha a la renovación socialista, pasando por algunos díscolos de la Democracia Cristiana, ha generado en los hechos y de manera natural los grandes consensos. Sin grandes diferencias y consensuado lo fundamental respecto a la dureza o lenidad de las penas que recibieron los que asesinaron y secuestraron durante la dictadura, y también acordado a hurtadillas de la sociedad desde los primeros años 90 la consolidación del modelo neoliberal instaurado a sangre y fuego a partir del golpe de Estado, son pocas las áreas que pueden suscitar altos grados de discusión política entre las fuerzas parlamentarias. Una de ellas es lo que aparece en el ámbito de los denominados “valores”, que en su expresión más mundana es la política relativa a la sexualidad o tangente a ella. Se trata de una necesidad, como lo es la urgencia de políticas de anticoncepción entre los jóvenes y en especial de menores recursos intelectuales, culturales, sociales y económicos, sin embargo dejar el debate político circunscrito a este ámbito resulta, sino intrascendente, sí incompleto. El problema de la concepción y anticoncepción no radica solo en los métodos que las jóvenes tienen disponibles; es un problema que involucra las condiciones de vida de mujeres y hombres, el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, las proyecciones de vida, las esperanzas que no ha otorgado un sistema económico ni un modelo político. Por tanto, todos los esfuerzos que haga el gobierno por amplificar los debates sanitarios, sexuales o “valóricos”, como les llama la derecha en su traducción anglosajona directa, es distorsionar y descontextualizar el problema. Llevar la discusión a un contraste apriorístico entre conservadores y progresistas, entre liberales y cartuchos, es reducirla y degradarla. La hinchazón de este debate artificial es sin duda simplificar y también delimitar la política.

El efecto numeral

Evidentemente la política está delimitada, está subordinada a un modelo económico y a un consenso político entre la derecha, la Concertación y los poderes fácticos, innombrables pero bien identificables. Es lo que lleva al gobierno de Bachelet a crear un tablón de ofertas, ayudas y asistencias, una larga lista que sumaba 220 millones de dólares, monto por todos lados escasos, pese a la soberbia calculadora de Hacienda, para el universo de precariedades y necesidades. La discusión política posterior al 21 de mayo, que reclamó por la ausencia del anuncio de la eliminación del siete por ciento que los adultos mayores cotizan en salud -una omisión, según han dicho, que expresó una vez más la voluntad (en este caso mala voluntad) de Hacienda- es también un debate artificial, que exhibe los grandes consensos en torno al actual modelo de mercado con los anuncios de aquella aparente red de protección social. Porque nada cambiará con unos miles de pesos más para los jubilados o para los niños. La clase política debate, incluso se acalora y hasta se despeina, pero siempre bajo la delimitación que suponen los acuerdos: económicos (neoliberalismo), políticos (Constitución de Pinochet consolidada por Lagos, binominal incluido) y también sociales (aceptación como un efecto natural las escandalosas desigualdades).

Los grandes y posibles debates no están ni en el Congreso ni en la Moneda. No están ni en la Concertación. No hay un debate tributario serio, que permitiera una verdadera nivelación de las desigualdades, y tampoco hay un debate sobre un profundo cambio político. Estudios serios realizados por el sociólogo Felipe Portales muestran cómo la Concertación ha dejado pasar durante la última década al menos dos oportunidades para alterar esta espuria constitución. Y lo ha hecho muy concientemente. Tampoco ha habido –tal vez ahora de manera más efectista que práctica- una política que busque el empoderamiento de los trabajadores. El vergonzoso episodio de Codelco al negarse a acatar una decisión del gobierno para inscribir en su plantilla a los trabajadores subcontratados exhibe una vez más la ambigüedad de los rostros de la Concertación.

La historia política chilena inscribe durante la segunda parte del siglo XX algunos episodios vergonzosos, con gobernantes que llegaron a La Moneda apoyados por un electorado y por militantes que más tarde ignoraron. Y está también el registro de otros gobernantes, que una vez en el poder simplemente pusieron bajo rejas a sus antiguos compañeros. Estos infames registros pasados están en la memoria, tal vez hoy ya un poco borrada, de muchos chilenos, lo que aún permite rememorar esos episodios al observar el presente: numerosos antiguos compañeros que lucharon por la democracia están marginados, excluidos, o están, como el caso de activistas mapuche, tras las rejas. La Concertación, para prácticamente todas las fuerzas de la Izquierda, ha revivido las prácticas de ese pasado. La política de los consensos, que busca seducir a la derecha, como lo hemos oído en el discurso del 21 de mayo, ha resultado ser proporcionalmente inversa: es la derecha económica la que ha seducido –o comprado, con mayor precisión- a la Concertación.

Políticas del absurdo: neoliberalismo con protección social

El economista estadounidense Paul Krugman, en un libro de muy reciente publicación titulado The conscience of a Liberal, estudia los años de mayor crecimiento económico en Estados Unidos, los que también coinciden con una menor desigualdad. ¿Cómo se consiguió aquello? La respuesta, que también está en la historia económica del siglo XX, es muy simple: la política del New Deal, inspirada en Keynes y posterior al crack de 1929, tuvo dos claras expresiones. Por arriba, altos impuestos a las empresas; por abajo, poder a los sindicatos, a los trabajadores. Bajo ese modelo pudo iniciarse un proceso de redistribución de la riqueza desde los más ricos hacia las clases trabajadores. Pero no sólo eso. El periodo, que llegó hasta mediados de los años 70 y se esfumó posteriormente con la llegada al poder de Ronald Reagan, generó riqueza. Se trata de la mayor expansión económica de la historia contemporánea.

El modelo económico chileno nace desde la derecha, desde Milton Friedman y los Chicagos boys, desde aquella matriz que se vino a llamar posteriormente neoliberalismo. Es ese el modelo que ha prevalecido durante los últimos 30 años, y es, por cierto, el que administra la Concertación, pese a todos los matices discursivos que intentan retocar el neoliberalismo de socialismo, acaso de socialdemocracia. El asistencialismo practicado por los gobiernos de la Concertación no ha logrado frenar el proceso de acumulación de la riqueza en unas pocas familias y corporaciones. Es de suyo conocido, pese a las redes de protección social de Bachelet y otros eslóganes, como el crecimiento con equidad del gobierno de Ricardo Lagos, la estructura social y económica chilena exhibe niveles de desigualdad mundiales e históricos, fenómeno que no hace otra cosa que acentuarse. Cuando Bachelet deje el gobierno hacia finales de esta década, las condiciones de vida en Chile serán mucho peores, en tanto las diferencias se habrán ampliado.

El discurso del 21 de mayo no tuvo en consideración el fenómeno de la inflación mundial y su expresión en una evidente pérdida de los niveles de vida de los chilenos, partiendo desde los más pobres. Con fuertes alzas en los alimentos -durante el año han aumentado en un promedio de casi en 20 por ciento- en los combustibles y la energía, en las tarifas de numerosos servicios, partiendo por la salud y la educación, las condiciones de vida de la ciudadanía, regidas otra vez por el libre mercado, se verán sensiblemente deterioradas. Los trabajadores y trabajadoras chilenas, sin la posibilidad de presionar por sus demandas salariales, verán durante los próximos meses y años perder día a día sus condiciones de vida. La gran mayoría será más pobre el 2010 que el 2006.

Y ante este proceso de degradación no oímos nada el pasado 21 de mayo.

walderpaul@yahoo.es
Artículo publicado en Punto Final. Reproducido en Clarín por gentileza de PF y del autor