MINISTRA PROBOSTE... UNA PROTOTIPO DE FUNCIONARIA VENAL

Por: Ramón Poblete
Fuente: www.g80.cl (02.03.08)

TÍTULO ORIGINAL DEL ARTÍCULO: "PROBOSTA"

La ministra de Educación, Yasna Provoste, ha pasado a convertirse en el arquetipo del funcionario concertacionista venal. Tiempo atrás fue protagonista de un aparentemente intrascendente intercambio con el diputado Gabriel Ascencio a propósito del puntaje obtenido por Provoste en la Prueba de Aptitud Académica. La Ministra había dicho en entrevista televisiva que había obtenido “más de 600 puntos”, en circunstancias que su puntaje fue levemente superior a los 500 puntos, según averiguó Ascencio. Además de revelar su arribismo, el hecho mostró que Provoste es una mentirosa profesional, lo que se ha refrendado en los últimos días a propósito del nuevo escándalo que sacude a la Concertación y en el que hay involucrados más de 260 mil millones de pesos, donde Provoste ha mentido respecto de los alcances y circunstancias del la auditoría de la Contraloría.

Por cierto, se ha echado de menos que otro de los mitómanos compulsivos y bocón incontinente del gabinete, Francisco Vidal, el Francisco Javier Cuadra concertacionista, no haya salido a señalar a cuántos Chiledeportes equivale este nuevo escándalo. Hay que reconocer que la Concertación ha tenido mala suerte en esto de los desfalcos: cada vez que intenta salir jugando con la teoría del empate, los porfiados hechos los abofetean.

El escándalo de las subvenciones escolares muestra en forma prístina el modus operandi concertacionista: se siembra primero el “desorden administrativo”, que sirve de cortina de humo para luego desviar dineros públicos hacia distintos organismos (sostenedores en este nuevo escándalo) ligados a las máquinas partidarias de los operadores políticos de la Concertación. De ese modo, los forajidos concertacionistas se mantienen protegidos de las investigaciones y auditorías de la Contraloría General de la República, pues a lo más son acusados de faltas administrativas, como ocurrió ahora con Alejandro Traverso, viejo operador político del PS y el escalonismo a cargo de las subvenciones de la Región Metropolitana.

Como corolario de este caso, la Ministra Yasna Provoste ha decidido, pese a las recomendaciones de la Contraloría, mantener a Traverso en su cargo, aplicándole una sanción simbólica e inútil y enviando la clara señal política de que los grupos de operadores políticos oficialistas incrustados al interior de la administración pública ejercen una protección férrea de sus miembros. “No se toca a ni uno sólo de mis hombres” dijo alguna vez el Dictador.

La reacción de la Concertación está alineada con esa defensa corporativa de los operadores políticos y el desfalco: altos personeros del oficialismo han insinuado que el mecanismo del lucro y las subvenciones “debe ser revisado”, en un claro mensaje a la Alianza que, tomando en cuenta el último acuerdo político en educación (que no tocó ni revisó ni el lucro ni las subvenciones), sólo significa “nosotros también tenemos derechos a llevarnos nuestra parte de este negocio; si siguen reclamando, nos podríamos llevar la pelota para la casa”.

Concientes de que el robo sistemático al erario público va erosionando sostenidamente su apoyo político, los dirigentes concertacionistas buscan “regularizar” sus dineros mal habidos a través de un proyecto de ley que otorgaría financiamiento estatal permanente para el funcionamiento de los partidos políticos. Este proyecto fue presentado la semana pasada en sus líneas generales por el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma.

Dos reflexiones nos merece este proyecto. En primer lugar, parece ser una regularidad histórica que el robo, cuando no es una actividad individual sino una empresa colectiva de grupos sociales más o menos extensos, siempre busca ser refrendado jurídicamente. Ocurrió en la acumulación originaria capitalista (principalmente siglos XIV y XV), cuando cientos de miles de pequeños campesinos fueron expropiados de sus tierras y los expropiadores lograron que las leyes legitimaran su nueva “propiedad”, que desde entonces pasó a ser sacrosanta. Pasó también entre los siglos XIX y XX, cuando los latifundistas del sur de Chile, sin escatimar ningún medio, ni siquiera el crimen, robaron extensas tierras a los mapuches, robo que fue legitimado posteriormente por las leyes de la República y sus funcionarios administrativos y judiciales.

Ahora es el turno de legitimar el asalto concertacionista al erario público. Los argumentos de Pérez Yoma para justificar el proyecto constituyen un verdadero chantaje: al decir que el proyecto buscaba “transparentar” el financiamiento de los partidos, lo que en realidad estaba diciendo es que si nos les dan plata estatal en forma legal, van a tener que seguir robándola. Es decir, el pueblo chileno deberá desembolsar constantemente un pago por la “protección” de la camorra concertacionista, no vaya a ser que vuelva la Derecha. La sinvergüenzura concertacionista no tiene límites.

En segundo lugar, el proyecto de ley busca, escondido tras un lenguaje florido que abusa de palabras como “transparencia” y “participación”, consagrar la situación de hecho del control de los partidos políticos por pequeñas camarillas. La propuesta de primarias obligatorias para dirimir los candidatos a cargos de elección popular reconoce en los hechos que los partidos concertacionistas han dejado de ser entidades que buscan articular los intereses políticos de sectores sociales y que se dotan de su propia identidad y normas de funcionamiento, para convertirse en camarillas de lobbystas y grupos de poder, que se fusionan progresivamente con el Estado y necesitan nuevos mecanismos de legitimación pública.

La “participación” no pasa de ser una farsa, pues en definitiva los adherentes de los partidos podrán “elegir” a sus candidatos a las elecciones (que en realidad serán representantes de las camarillas, en su mayor parte), pero éstos, una vez electos, no decidirán nada y se seguirán moviendo al ritmo de la música de los lobbystas del gran capital. Introducir un nuevo nivel de “representación” no servirá de nada si en definitiva la política se mantiene maniatada por los intereses del capital monopolista nacional e internacional, que están jurídicamente cristalizados en la Constitución Pinochet-Lagos.

El proyecto de ley busca consagrar entonces tanto el asalto al patrimonio público como el control de la política por pequeños grupos de poder ligados a los intereses del empresariado y es una muestra más (como si aún hicieran falta) de que tanto la burguesía chilena en su conjunto, como en particular sus representantes políticos (de la Alianza y la Concertación) están imposibilitados estructuralmente de poder ofrecer alguna alternativa democrática al pueblo chileno.

La construcción de alternativas, la construcción de mayorías políticas democráticas que puedan torcer la política neoliberal estatal no pasa entonces por acuerdos con alguna de las fracciones del bloque dominante en contra de la otra. Tales acuerdos sólo pueden confundir y ocultar los reales mecanismos de dominación del gran capital y terminan, por esa vía, favoreciendo los intereses de éste. Lo que ha resultado ser en la práctica el gobierno de Bachelet, que tantas y tan infundadas esperanzas despertó en muchos compatriotas, es una prueba palmaria e irrefutable de que nada se puede obtener de acuerdos con la Concertación.

Por otro lado, se hace cada vez más patente que, para avanzar en la equidad de la educación, es necesario terminar con la municipalización y con el sistema de subvenciones escolares y construir en su reemplazo un amplio sistema de educación pública, que garantice a todos los estudiantes chilenos una educación de calidad. Pero también es imprescindible, pues los estudios han demostrado la fuerte correlación entre desigualdad social y desigualdad en los resultados escolares, que la demanda por una educación equitativa y de calidad se ligue con la demanda por la transformación del sistema socioeconómico neoliberal imperante, cuya expresión político-jurídica es la Constitución del 80.

Ramón Poblete M.
ramon.poblete.m@gmail.com